Mohamed Morsi está acusado de incitar los asesinatos de manifestantes de la oposición frente al palacio presidencial en diciembre de 2012. Asimismo, el tribunal aplazó el testimonio de testigos prevista para la sesión de este miércoles, después de que la defensa de Morsi pidió más tiempo para prepararse para el interrogatorio. Uno de los testigos era el jefe de la unidad militar encargada de proteger al presidente en el momento de los enfrentamientos.
Morsi estaba presente en el tribunal, en el interior de un cubículo de vidrio a prueba de sonido para evitar que el líder islamista interrumpa el procedimiento judicial con gritos y arrebatos desafiantes, como lo hizo en audiencias anteriores. El acusado insiste en que todavía es presidente legítimo de Egipto y ha desafiado la legitimidad del tribunal.
En la audiencia que se celebrará el 1 de marzo, el tribunal revisará un informe sobre las imágenes de vídeo de los enfrentamientos entre partidarios y opositores de Morsi. Al menos siete personas murieron en la violencia. El Tribunal Penal de El Cairo ordenó, además, que un comité de expertos de la radio televisión presente un informe el 1 de marzo próximo sobre las imágenes filmadas de los incidentes que se le imputan a Morsi.
Estas imágenes de los enfrentamientos entre partidarios y detractores de Morsi frente al palacio presidencial de Al Itihadiya fueron presentadas por la Fiscalía General como pruebas condenatorias. Junto al ex mandatario, están siendo procesados el vicepresidente del Partido Libertad y Justicia (PLJ) -brazo político de los Hermanos Musulmanes- Esam al Arian y otro miembro, Mohamed Beltagui.
Morsi, depuesto por un golpe de Estado el 3 de julio de 2013, fue trasladado en helicóptero desde la prisión de Burg al Arab, en el noreste de Egipto, a la Academia de la Policía, en las afueras de El Cairo, donde se celebra el juicio.
El ex presidente enfrenta cuatro juicios separados, por cargos que van desde huir de una cárcel durante la revolución de enero de 2011, que derribó al presidente Hosni Mubarak, por entregar información clasificada a países y organizaciones extranjeras y por insultar a la judicatura.