Una investigación de un año que hizo la Associated Press de los abusos sexuales cometidos por policías, guardias carcelarios y otros elementos de las fuerzas de seguridad reveló que el sistema no tiene formas efectivas de supervisar a los malos policías. Hay numerosas falencias en la forma en que se lidia con los sospechosos de haber incurrido en conductas sexuales inapropiadas y abundan las señales de alarma que no son reportadas o son ignoradas.
Se comprobó que hubo unos 1.000 agentes que perdieron sus licencias en seis años por delitos sexuales que incluyeron violaciones o por tratar de contratar prostitutas estando en servicio. Esa cifra, no obstante, no refleja la magnitud del problema porque toma en cuenta solamente a los agentes a los que se les iniciaron procesos de revocación de licencias y porque no todos los estados suministraron información, algunos porque no disponen de esas estadísticas.
En los estados que revocan licencias, el proceso puede tomar años. Y si bien hay un índice nacional de agentes cuyas licencias fueron revocadas, las contribuciones a ese banco de datos son voluntarias y los expertos dicen que faltan miles de nombres. Además, el banco no está abierto al público.
A algunos agentes se les permite renunciar calladamente sin llegar a enfrentar siquiera el proceso de revocación. Otros pueden seguir trabajando porque sus departamentos no están obligados a reportar sus faltas a los organismos estatales que vigilan el cumplimiento de las normas o porque simplemente no lo hacen. Hay organismos que no revisan los antecedentes de una persona cuando contratan personal o que no ofrecen esa información a los empleadores.
En el 2010 una mujer demandó al Departamento de Policía de Grand Junction, Colorado, aduciendo que obró mal al contratar al agente Glenn Goyne y que luego no lo supervisó. Coyne fue despedido y se suicidó pocos días después de ser arrestado bajo sospecha de haber violado a una mujer en el 2009.
Esa era la tercera acusación de agresión sexual que enfrentaba, según los tribunales. Cuando estaba todavía con la policía del condado de Mesa, otra mujer lo acusó de manosearla durante una revisión. La denuncia circuló después de que la policía de Grand Junction completase su estudio de antecedentes y las autoridades de Mesa, que se abstuvieron de hacer comentarios para este artículo, no investigaron o no informaron a los nuevos empleadores de Coyne, según documentos legales.
La segunda denuncia se produjo en el 2008, cuando una mujer acusó a Coyne de agresión sexual. La policía de Grand Junction lo puso bajo probation, o supervisión especial, y le rebajó el sueldo. Si bien la fiscalía desistió de procesarlo, Coyne seguía bajo probation cuando llegó la tercera denuncia. Los tribunales concluyeron que la policía no actuó con deliberada indiferencia al emplear a Coyne, pero un dictamen indicó que “pudo y debió haberse manejado mejor” en relación con su contratación.
El jefe de la policía de Grand Junction John Camper dijo que una posterior evaluación de las normas para las contrataciones reveló que estas eran sólidas, aunque agregó que “se puede decir que tenemos que ser más diligentes que nunca”. Los candidatos ahora deben firmar un formulario autorizando al departamento a revisar sus antecedentes personales y si los empleadores no responden, eso es visto como una mala señal.
“Si una agencia no habla con nosotros o parece reticente a dar detalles, contactamos otras fuentes o descartamos directamente al candidato”, afirmó Camper.
Organismos de vigilancia del cumplimiento de las normas de 44 estados pueden revocar las licencias de los agentes problemáticos, lo que supuestamente debería impedir que un policía malo pase de una fuerza policial a otra en otro sitio. Pero seis estados, incluidos Nueva York y California, no tienen autoridad para revocar las licencias de los agentes que incurren en conductas inadecuadas.
Y en lo estados que tienen esa atribución, casi todas las agencias de supervisión dejan que los departamentos policiales locales investiguen y denuncien conductas cuestionables. Las normas que rigen esos procesos varían.
En Pensilvania, por ejemplo, el organismo responsable de certificar a los policías reportó solo 20 revocaciones de licencias entre el 2009 y el 2014, ninguna de ellas relacionada con asuntos sexuales. En la Florida, en cambio, se revocaron las licencias de 2.125 agentes en esos mismos seis años, a 162 por transgresiones sexuales.
La diferencia es que en la Florida se informa automáticamente cuando un policía es arrestado y se exige a los departamentos que reporten cada vez que se determina que un agente cometió una falta de “carácter moral”. En Pensilvania, en cambio, esa información no circula automáticamente sino que se depende de que los organismos policiales informen que un agente ha cometido alguna falta o delito.
La información suministrada a la AP no incluye proceso de revocación de licencia alguno para el ex agente de Pittsburgh Adam Skweres, quien en el 2013 se declaró culpable de arrancarles “favores sexuales” a cinco mujeres y cumple una condena de ocho años de cárcel.
Otro asunto inquietante es la duración de los procesos de revocación de licencias.
En Texas, Michael John Nelson fue acusado de agredir sexualmente a una vecina de 16 años cuando trabajaba para la policía del condado de Hardeman. La fiscalía local dijo a la AP que no procesó a Nelson a cambio de que entregase su licencia, en un acuerdo que contó con el visto bueno de la víctima y de su familia. Para cuando se completó la revocación de su licencia, en el 2011, no obstante, Nelson estaba trabajando con la policía de Bayou Vista.
Nelson asegura que le dijo a su nuevo empleador cuando se enteró de que estaba siendo investigado y entregó su placa cuando se le radicaron cargos.
Paul Odin, quien reemplazó al jefe de la policía de Bayou Vista que contrató a Nelson, dijo que la revisión de antecedentes a menudo depende del tamaño de un departamento y de su presupuesto, y que “muchas agencias, muchas ciudades, para evitar demandas, no revelan nada negativo”.
Un índice nacional de revocación de licencias (National Decertification Index) contiene los nombres de casi 20.000 agentes que han perdido sus licencias. Pero solo 39 estados suministran información.
Los sindicatos aducen que la supervisión del comportamiento de los agentes es tarea de su jefe.
“Hay que empezar por el principio”, dijo Jim Pasco, director de la Orden Fraternal de la Policía. “¿No funcionó el proceso cuando se contrató a esta gente? Ese es un problema que abarca una cantidad de temas, no solo los delitos sexuales”.
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Nomaan Merchant, corresponsal en Dallas, puede ser contactado a través de nmerchant@ap.org o https://twitter.com/nomaanmerchant .
Matt Sedensky, quien informó desde la Florida, puede ser contactado a través de msedensky@ap.org o https://twitter.com/sedensky .
El reportero de AP Joe Mandak colaboró en este despacho desde Pittsburgh.