“Este caso clama al gobernador Perry para que utilice su poder de indulto”, apuntó en un comunicado Rob Freer, investigador de Amnistía Internacional para Estados Unidos.
El gobernador “debe reconocer que el estado se ha basado en el testimonio de un ´experto´ de mala calidad para conducir a Hernández Llanas a la cámara de la muerte”, sostuvo Freer.
Según Amnistía Internacional, en el juicio contra Hernández Llanas, en el año 2000, la fiscalía usó el testimonio de un psiquiatra desacreditado, James Grigson, para refutar las opiniones de expertos en salud mental que testificaron sobre la discapacidad mental del acusado.
Grigson testificó y emitió su opinión aun cuando nunca había examinado a Hernández Llanas y declaró que probablemente el mexicano era propenso a cometer futuros actos de violencia criminal, porque era un sicópata que carecía de conciencia.
En los casos de pena de muerte, el convencer al jurado de que el acusado representa un “peligro futuro” para la sociedad e incluso en la cárcel, es un requisito previo para poder imponer el castigo capital.
“Un testimonio como el que ofreció Grigson ha sido desacreditado en los últimos años como ´ciencia basura´ y el mismo especialista fue reprendido y luego expulsado de la Asociación Americana de Psiquiatría por recurrir a este mismo tipo de testimonio no científico en varios juicios de homicidio”, enfatizó Freer.
Grigson, un psiquiatra forense conocido como ‘doctor muerte’, testificó a favor de la fiscalía en 167 casos de pena capital, antes de su fallecimiento en 2004. En casi la totalidad de los casos en que prestó testimonio, los reos fueron sentenciados a muerte.
“Teniendo en cuenta lo que vino después, el testimonio psiquiátrico manchado por los estereotipos raciales, este caso se destaca crudamente como otra injusticia en Texas a punto de convertirse en permanente en la cámara de la muerte”, señalo Freer.
En 2008, Texas presentó el testimonio de otro psiquiatra, Richard Coons, para refutar la conclusión de un experto de la defensa de que Hernández Llanas padecía de “retraso mental”, lo que convertiría su ejecución en un acto ilegal en virtud de un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos en 2002.
De acuerdo con Amnistía Internacional, Coons nunca conoció al reo o a alguna persona que lo conociera. El especialista, que no hablaba español, testificó que la conducta criminal del preso era apropiada para su “grupo cultural”.