WASHINGTON (AP) — La idea de encarcelar a los traficantes de droga de por vida es mucho menos popular entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos de lo que era hace una generación.
La campaña presidencial de 2016 ha traído un nuevo significado a lo que significa ser un candidato “duro” contra la delincuencia. El Partido Republicano está cambiando su larga postura frente a la política criminal pues está desesperado por mejorar su posicionamiento entre las minorías. Y los demócratas, por su parte, también han sido atraídos a esta discusión nacional sobre cuál debe ser el accionar de la policía, las penas por narcotráfico y el costo de poner en prisión a los traficantes.
Del decirle “no” a la droga, mensaje central de la Administración Reagan y la política de mandar a la cárcel a los traficantes que hayan sido sorprendidos delinquiendo tres veces, que una década más tarde desarrolló la presidencia de Bill Clinton, se ha pasado a una discusión sobre lo que cuesta tener las cárceles abarrotadas de traficantes, la desigualdad racial de la población carcelaria, las duras penas por narcotráfico, y cómo la policía debe interactuar con la comunidad.
Ambos partidos creen que hay que cambiar el sistema de justicia penal estadounidense pero no hay consenso sobre cómo hacerlo. Los candidatos, además, están luchando por diferenciarse en su aproximación a cuál debe ser la política criminal.
“Usted ya no tiene todo el mundo diciendo que su política es ser duros contra el crimen”, dijo Inimai Chettiar del Brennan Center For Justice en Nueva York, organización que aboga por la reducción de la población carcelaria. “Lo que hay ahora es personas que ofrecen diferentes soluciones de política pública”.
Los ataques en París pusieron el tema de la seguridad nacional, al menos temporalmente, en el tope de la agenda política de la carrera presidencial por la Casa Blanca. Pero el tema de la justicia penal ha aparecido periódicamente, sobre todo entre los demócratas, en un año marcado por disturbios ocurridos en las grandes ciudades estadounidenses. En las huestes republicanas Rand Paul, senador de Kentucky, ha estado buscando la manera de “romper el ciclo de encarcelar a los delincuentes que no son violentos”.
La atención pública que ha generado un aumento del consumo de heroína y de homicidios en algunas grandes ciudades del país impulsó el deseo de repensar las penas para los traficantes callejeros de drogas, que coincide con la aparición del movimiento ‘Black Lives Matters’, y el debate sobre cuál debe ser el tratamiento que le debe dar la policía a las minorías.
El candidato republicano Chris Christie, gobernador de Nueva Jersey y ex fiscal federal, ha dicho que es mejor mandar a tratamiento a los drogadictos que enviarlos a prisión y ha mostrado empatía con la problemática cuando habla de un amigo que conoció en la Facultad de Derecho, que murió luego de volverse adicto a los analgésicos. Pero cuando se trata de discutir del accionar de la policía, acusa a los demócratas en Washington de “permitir que reine la anarquía” y le ha asegurado a la policía “que les va a cuidar la espalda”, sugiriendo que la administración de Obama no lo hace.
El senador republicano de Texas, Ted Cruz, ha criticado la imposición de sentencias severas obligatorias a los traficantes. Pero el mes pasado votó en contra de una iniciativa de ley que habría permitido que los traficantes de droga no violentos obtuvieran sentencias de prisión más cortas, arguyendo que le preocupaba que beneficiara a delincuentes violentos.
Y aunque el senador republicano de Florida Marco Rubio apoyó una revisión al Código Penal y ha denunciado que ha habido una “aplicación selectiva” de la ley, escribió este año un ensayo para un libro publicado por el Brennan Center en el que dice que la legislación anti droga ha ayudado a restaurar “la ley y el orden en las ciudades de Estados Unidos”, y que el tema de las sentencias cortas por casos de drogas debe ser abordado con cuidado.
El apoyo de los congresistas republicanos para que haya sentencias más leves así como el apoyo también brindado por los conservadores ricos que financian sus campañas, como los hermanos Koch, le ha hecho la vida más fácil a los candidatos presidenciales a la hora de apoyar una política de reducción de penas. Sin embargo, no está claro los beneficios que obtendrían con los votantes promedio, dijo Fergus Cullen, ex presidente del Partido Republicano de New Hampshire.
Algunos candidatos que lideran las encuestas, como Donald Trump, apenas han mencionado este tema en la campaña electoral, y Ben Carson, el único republicano que participó en un reciente debate entre candidatos sobre la justicia penal, dijo que todavía estaba a la espera de evidencia que indicara que la policía tiene prejuicios raciales.
“Los votantes que sufragan en las elecciones primarias del Partido Republicano no tienen el corazón reblandecido en cuestiones de justicia penal, y no creo que haya una gran cantidad de electores por cautivar”, dijo Cullen.
Los candidatos demócratas están más unidos en su acogida al movimiento ‘Black Lives Matters’ y de la reforma del sistema de justicia penal.
Después de los disturbios ocurridos en Baltimore en abril, Hillary Clinton, la candidata demócrata favorita, cuyo marido promovió una postura convencional de atacar al crimen, ha dicho que este sistema de justicia penal “no tiene balance” e instó a poner fin a “encarcelación masiva” de traficantes. Recientemente propuso levantar las restricciones para conseguir la marihuana que se usa en estudios médicos y dijo que debería ser reclasificada por el gobierno federal para permitir que las investigaciones sobre sus efectos sean patrocinadas.
Su rival, el senador Bernie Sanders de Vermont, ha pedido un proceso de rendición de cuentas a los policías que han “matado a personas desarmadas” y sugirió seguir avanzando en la legalización de la marihuana.
Estos son grandes cambios que se han dado de una generación a otra.
“La amenaza de que alguien centre su campaña política en la lucha contra el crimen ahora, creo, está muy disminuida de lo que podríamos haber visto hace 20 años”, dijo Marc Mauer, director ejecutivo del Sentencing Project, que aboga por cambios en la política criminal.
Este “movimiento reformista” tiene un apoyo suficientemente fuerte, dijo Mauer, que hace “difícil que un candidato saque partido de él”.
No está claro cómo el aumento de las tasas de homicidio en algunas ciudades afecte los esfuerzos por reformar el sistema de justicia penal, sobre todo porque no hay consenso acerca de lo que causó esta tendencia o si va a durar. El director del FBI, James Comey, dijo recientemente que si la tendencia continúa, “volveremos a hablar de cómo hacer para que la policía ayude a rescatar de las garras de la violencia a los barrios negros”.
“Las vidas nos importan demasiado para que nosotros dejemos que esto siga pasando”, agregó.
También queda por ver cómo la retórica de la campaña se traducirá en políticas públicas o cuán comprometido estará el futuro presidente para impulsar un cambio en la reducción de penas. Lo cierto es que los problemas de justicia penal, que en muchas instancias fueron considerados asuntos locales están, por ahora, debatiéndose a nivel nacional.
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