La Oficina, en su informe anual, también exhortó al gobierno para que, en el evento de que se selle un acuerdo de paz con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) realice las reformas del caso a fin de que se eviten los problemas de orden legal que en el pasado hubo con la desmovilización de las bandas paramilitares.
“De hecho, lo más probable es que casi todos los acusados (paramilitares) sean puestos en libertad al cabo de ocho años sin haber sido enjuiciados”, dijo el informe de 21 páginas.
La Fiscalía colombiana ha dicho que en 2014 quedarán en libertad al menos 400 jefes paramilitares por haber cumplido ocho años en prisión, tal como lo estipuló la Ley 975 de 2005 o llamada Ley de Justicia y Paz.
Las autoridades calculan que entre 2003 y 2006 en Colombia se desmovilizaron unos 30.000 paramilitares, algunos de los cuales han vuelto a delinquir al ingresar a grupos de narcos y criminales comunes a los que la policía acusa de estar detrás de asesinatos, secuestros, extorsiones, entre otros crímenes.
Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada, dijo que entre los activistas asesinados el año pasado –36 hombres y tres mujeres– hay desde reclamantes de tierras despojadas por grupos armados ilegales, hasta indígenas y líderes sociales, y que la mayor parte estaban radicados en zonas rurales del país donde se presenta la mayor parte de los actos de violencia.
El repunte en los asesinatos, dijo Howland, puede obedecer precisamente a que las grandes ciudades como Bogotá y Medellín son más seguras que las regiones rurales y de allí que recomendó reforzar las medidas de protección a esos activistas. Pero además, destacó, el país aún vive el conflicto armado interno que ya dura 50 años y en lo que “unos días hay avances, unos días hay retrocesos” en el tema del respeto a los derechos humanos.
El representante también dijo que en cuanto a la eventualidad de una firma de un acuerdo de paz con las guerrillas de las FARC, con las que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos lleva en Cuba diálogos desde fines de 2012, “lo más importante es la no repetición” de actos de violación de derechos humanos y de allí que hay que sacar lecciones sobre la desmovilización de los escuadrones paramilitares.
A esos grupos es que se atribuye buena parte de una ola de violencia en Buenaventura, el principal puerto colombiano en la costa del Pacífico, y en que la Oficina constató al menos ocho casos de personas asesinadas en los últimos meses.
Según la Fiscalía además los paramilitares desmovilizados han entregado unos 6.300 millones de pesos (unos 3,1 millones de dólares), monto calificado por algunos activistas de derechos humanos como sólo una pequeña parte de sus dineros mal habidos.