En compañía de otras 17 organizaciones, Amnistía Internacional, pidió a las autoridades de República Dominicana el establecimiento de una oficina del Defensor del Pueblo. El gobierno contempla dentro de su presupuesto 2013 un capítulo para el Defensor del Pueblo, aunque lo que fue aprobado representa la mitad de lo que estaba inicialmente previsto.
“Por culpa de los intereses partidarios y de la inacción de las autoridades, los que sufren abusos de derechos humanos en la República Dominicana han sido privados de los mecanismos de recursos que el Defensor del Pueblo podría ofrecer”, declaró Chiara Liguori, investigadora sobre República Dominicana de AI.
“El pueblo dominicano merece un defensor que sea independiente, con amplia trayectoria y conocimiento profundo del sistema de protección y promoción de los derechos humanos, con manejo del enfoque de género”, añadió.
Por su parte, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel Mercedes Medina, señaló que “la figura del Defensor del Pueblo no tiene que ser vista como una imposición internacional”. “Somos nosotros los Dominicanos que lo consideramos tan imprescindible porque facilitaría la denuncia e investigación de abusos a los derechos humanos en el país”, finalizó.