Ahora dependerá de un juez federal aprobar o no el acuerdo, en el cual los demandantes —entre los que figuran el gobierno federal y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles-, también acceden a dejar de lado sus objeciones a otras partes de la ley.
Esos grupos presentaron una demanda a raíz de que la legislatura estatal aprobara la ley de amplio alcance, una de las más radicales en el país, elaborada en base a otras medidas similares en Arizona. La demanda afirmaba que porciones de la ley de Carolina del Sur, que incluye una cláusula que permite que la policía averigüe el estatus migratorio de las personas, eran inconstitucionales.
Algunas cláusulas de la legislación relacionadas con los negocios entraron en vigencia en el 2012, entre ellas un requisito de que las empresas verifiquen el estatus migratorio de los nuevos trabajadores a través de un sistema federal. La demanda de Carolina del Sur fue puesta en espera mientras la Corte Suprema de Estados Unidos estudiaba presentar una objeción a la ley de Arizona. A la larga rechazó gran parte de ésta, pero dejó vigente la verificación del estatus.
En Carolina del Sur, el juez federal Richard Gergel falló que la cláusula sobre verificación del estatus migratorio podría quedar vigente pero bloqueó gran parte de la legislación.
A mediados del año pasado, un tribunal de apelaciones decidió que la ley de Carolina del Sur penalizaba indebidamente una actividad que debería corresponder al gobierno federal, y el secretario de Justicia Alan Wilson señaló que estudiaría sus opciones legales.
En la demanda del lunes el estado reitera su desacuerdo con fallos judiciales previos que bloquean esas porciones de la ley, pero admite que continuar con las objeciones llevaría al mismo resultado.
La demanda también incluye la opinión de un procurador solicitada por Gergel sobre esas secciones de la ley. En ese documento, los fiscales dicen que una cláusula “no permite que los agentes prolonguen la detención inicial debido a la averiguación o por la determinación, sospecha o admisión sobre el estatus migratorio de una persona”.
Otra sección controvertida de la ley, escribieron los fiscales, “no autoriza que se prolongue la detención de una persona en la cárcel simplemente para determinar el estatus migratorio de la persona”.
Un abogado del ACLU, André Segura, dijo en un comunicado que se sentía complacido por la interpretación oficial de Carolina del Sur en ambos aspectos de la ley.
“El estado ha accedido finalmente a dejar de lado las cláusulas más divisivas en la ley de inmigración de Carolina del Sur, que hubieran concedido a las autoridades locales un cheque en blanco para penalizar la vida de los inmigrantes y de aquéllos relacionados con ellos”, afirmó Segura. “Los derechos constitucionales se aplican a todos y nadie está obligado a responder preguntas de ningún tipo que le hagan funcionarios locales o estatales sobre su estatus migratorio”.