“Este ataque sistemático en contra de operadores de justicia indica que existe un pacto de impunidad entre diferentes sectores” poderosos del país, afirmó el jurista Ramón Cadena.
El representante guatemalteco de la CIJ dijo que solicitaron a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) una “investigación exhaustiva sobre ese pacto de impunidad”.
La CICIG, una misión de Naciones Unidas instalada en Guatemala desde septiembre de 2007, “tiene como función desarticular al crimen organizado que opera desde el Estado”, por lo cual “debe investigar este pacto de impunidad de poderes fácticos”.
Juristas de la CIJ, organización con sede en Ginebra, Suiza, presentaron en rueda de prensa un informe sobre la situación de impunidad en Guatemala, en el que advirtieron sobre los “poderes fácticos que propician un preocupante retroceso” en la lucha contra este flagelo.
La delegación de la CIJ, encabezada Ketil Lund, exmagistrado de la Corte Suprema Justicia de Noruega, concluyó que los ataques contra los operadores de justicia independientes se agudizaron a raíz de la sentencia por genocidio contra el exgobernante de facto, el general retirado Efraín Ríos Montt (1982-1983).
El exdictador guatemalteco fue condenado a 80 años de prisión por genocidio el 10 de mayo de 2013, pero días después la Corte de Constitucionalidad (CC) anuló la sentencia y ordenó repetir el juicio.
Cadena puntualizó que el “deplorable” fallo del máximo tribunal del país se dio luego de “presiones” de los poderosos sectores empresariales, militares y conservadores del país.