El sorpresivo anuncio sobre narcotráfico y cultivos ilícitos se realizó este viernes al concluir una de las jornadas del 25 ciclo de conversaciones, iniciadas en noviembre de 2012 para poner fin a cinco décadas de conflicto armado en el país sudamericano.
Hemos llegado a un acuerdo sobre el cuarto punto de la agenda contenida en el Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, tercero en discusión, dijeron las partes en su comunicado conjunto número 36.
Agregaron que se logró un acuerdo sobre los Programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, Programas de prevención del consumo y salud pública y Solución al fenómeno de producción y comercialización de narcóticos.
El gobierno se comprometió a poner en marcha un nuevo Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito-PNIS, como parte de la transformación estructural del campo que busca la Reforma Rural Integral.
El comunicado, leído en el Palacio de Convenciones de La Habana, estableció que se va a intensificar la erradicación manual, mientras las FARC se comprometieron a desminar campos en los que están los cultivos.
Las rebeldes FARC se comprometieron a que, concretado el acuerdo final de paz, pondrán fin a cualquier relación que en función de la rebelión hayan establecido con el narcotráfico.
En cuanto al lavado de activos, se acordó la creación de nuevas instancias de investigación, supervisión o control financiero de redes criminales asociadas al narcotráfico.
Respecto a la sustitución de sembradíos, se establecen planes integrales de desarrollo con participación de las comunidades en el diseño, ejecución y evaluación de los programas de sustitución y recuperación ambiental de las áreas afectadas por dichos cultivos.
Los equipos negociadores de ambos bandos ya han acordado los puntos sobre desarrollo agrario y participación política y les quedan pendientes los temas del desarme, reparación de las víctimas del conflicto y los mecanismos de refrendación de un eventual acuerdo final.
El gobierno y las FARC llegaron a la conclusión de que el conflicto interno en Colombia tiene una larga historia de varias décadas, que antecede y tiene causas ajenas al surgimiento de los cultivos de uso ilícito y a la producción y comercialización de drogas ilícitas.
Ambas partes admitieron que este acuerdo sólo será posible con el compromiso efectivo del gobierno para intensificar y enfrentar de manera decidida la lucha contra la corrupción en las instituciones, causada por el problema de las drogas ilícitas.
La construcción de una paz estable y duradera supone la disposición por parte de todos de contribuir con el esclarecimiento de la relación entre el conflicto y el cultivo, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados de este fenómeno, según el acuerdo.
Las partes consideraron que la persistencia de esos cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.
Aspiramos a un país en paz y sin el problema de las drogas ilícitas y somos conscientes de que lograr tal propósito depende también de consensos y definiciones de alcance global por parte de todos los Estados, agregó el convenio.
El acuerdo establece además que el combate al narcotráfico debe regirse por el ejercicio de los principios de igualdad soberana y no intervención en los asuntos internos de otros Estados.
Asimismo, señaló que el problema de las drogas ilícitas es responsabilidad colectiva de todos los Estados.