Natanael Santana, director del Departamento de Asuntos Laborales y Migratorios del Centro Dominicano de Asesoría e Investigaciones Legales (Cedail), dijo que “no existe voluntad política para resolver el problema”.
En 2007 la Junta Electoral comenzó a retener documentos a miles de descendientes de inmigrantes haitianos con el argumento de que los inscribieron de forma fraudulenta para obtener la nacionalidad dominicana.
El Tribunal Constitucional validó en septiembre las decisiones de la Junta Electoral y ordenó, en una sentencia inapelable, abrir juicios individuales para anular la nacionalidad de los nacidos en el país después de junio de 1929 cuyos progenitores fueran extranjeros sin permiso de residencia.
Organizaciones como Amnistía Internacional y la ONU estiman que la sentencia del Tribunal Constitucional dejará apátridas a unas 250.000 personas, entre ellas unos 210.000 descendientes de haitianos. La Junta Electoral insiste que sólo afectará a 24.000 personas.
El presidente Danilo Medina aún no ha presentado al Congreso un proyecto de ley para naturalizar a los miles de afectados por la desnacionalización.
Santana explicó al comparecer ante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tras la sentencia de septiembre el Tribunal Constitucional ha emitido tres fallos uniformes, pero acusó al tribunal de no leer los alegatos presentados por la defensa y de haber adoptado las decisiones a puertas cerradas en lugar de realizar audiencias públicas.
Roberto Antuan, abogado del Centro Cultural Dominicano-Haitiano (CCDH), dijo que la desnacionalización es un delito de lesa humanidad.
“Me resisto a aceptar a que me desnacionalicen a mí, a mis hijos y a todos los dominicanos de padres haitianos”, dijo Antuan con la voz entrecortada y entre aplausos de la audiencia. “Vamos a decir presente, respetando la Constitución y las normas democráticas para exigir nuestros derechos”.