MEXICO (AP) En poco más de tres meses, tres expresidentes centroamericanos han sido acusados de corrupción e irán a juicio. Los dos casos más recientes, de los expresidentes de Honduras y El Salvador, se produjeron esta misma semana.
En una región marcada por escándalos de corrupción y políticos deshonestos, la justicia nunca había llegado tan arriba en la estructura del estado. Quizás se trate de un indicio de que en estos países estratégicamente situados, pequeños, débiles, y azotados por la impunidad, hay cada vez más gente dispuesta a enfrentarse a los poderes fácticos.
El gobierno de Honduras anunció el jueves que los Estados Unidos han pedido la extradición del expresidente Rafael Leonardo Callejas, acusado de recibir comisiones ilegales por contratos de transmisión televisiva de partidos en su calidad de presidente de la Federación Hondureña de Fútbol. Sigue siendo un hombre poderoso en su país, que dirigió entre 1990 y 1994 al tiempo que consolidaba la transición desde gobiernos militares a civiles y mantenía una estrecha relación con los Estados Unidos.
El mismo jueves un juez salvadoreño había ordenado que el ex presidente Francisco Flores enfrente juicio por el supuesto desvío de 15 millones de dólares en donaciones para las víctimas de un terremoto a cuentas personales y de su partido entre 1999 y 2004, años en que ejerció el cargo.
Pero el ejemplo más dramático es Otto Pérez Molina que, en un hecho sin precedentes en la historia reciente del continente, se vio forzado a dimitir de la presidencia de Guatemala en septiembre por un caso de corrupción. Hoy espera juicio en la cárcel junto a su vicepresidenta Roxana Baldetti, encausada como él por recibir dinero de las aduanas del país.
“Por fin estamos viendo como estos países están dispuestos a investigar y exigirles cuentas a personas que eran, hasta hace poco, intocables”, dijo Eric Olson, Director Asociado del Programa para América Latina del Wilson Center, una organización en Washington. “No es más de lo mismo, sobre todo en Guatemala. Y eso los pone nerviosos a otros presidentes”.
Los expertos citan dos razones principales para este cambio: una sociedad civil más activa y comprometida junto a una intervención desde el exterior.
América Latina acaba de experimentar una “década de oro” en la que el crecimiento del Producto Interno Bruto ha empujado a una clase media emergente a mostrar su hartazgo con la corrupción y a exigir más transparencia de quienes les gobiernan, opina Daniel Zovatto, director regional del Instituto internacional para la Democracia y la Ayuda Electoral.
En Guatemala y Honduras se han producido marchas de protesta multitudinarias contra la corrupción.
Un grupo de indignados salió a la calle frente la puerta de la casa presidencial en Tegucigalpa para celebrar la solicitud de extradición del expresidente Callejas. “Al mamo, al mamo” gritaban, en alusión a la cárcel en la jerga hondureña.
Durante años, las violaciones de los derechos humanos eran las que generaban las mayores protestas en América Central. Ahora la corrupción se ha puesto por delante en la lista de prioridades de gran parte de la población.
“Nunca hemos tenido un ‘Nunca Más’ contra las violaciones a los derechos humanos durante las transiciones a la democracia”, dijo Zovatto. “Ahora, en una etapa más avanzada, ha surgido un ‘Nunca Más’ enfocado en la corrupción”.
Aun así, en un contexto de instituciones débiles y políticamente maleables, lo que pide gran parte de la población encuentra poca recepción por parte del estado. La mayoría de las fiscalías siguen bajo control de la presidencia. Los tres casos de presidentes acusados de corrupción comparten una característica: han recibido un impulso desde el extranjero. De los Estados Unidos en los casos de Honduras y El Salvador y de una Comisión Internacional contra la Impunidad auspiciada por las Naciones Unidas en Guatemala (CICIG) desde 2006 con el objetivo de apoyar a la fiscalía y la policía del país.
Estados Unidos inició una causa contra Callejas, y Honduras ha anunciado que colaborará plenamente con el proceso de extradición.
La investigación a Flores comenzó cuando el Departamento del Tesoro detectó actividades sospechosas y se lo comunicó al gobierno de El Salvador el año pasado.
El caso contra Pérez Molina se levantó a partir de la investigación de meses liderada por la CICIG y sus fiscales extranjeros al mando de un colombiano. La estructura denominada “La línea” pedía pagos a empresarios a cambio de liberar sus mercancías en las aduanas.
Al mismo tiempo, el presidente panameño, Ricardo Martinelli, está siendo investigado por las autoridades de su propio país. A Martinelli, que es multimillonario gracias a una cadena de supermercados, se le acusa de ganar contratos por valor de 45 millones de dólares para proveer de comida a los programas sociales del gobierno a precios inflados. Abandonó el país y vive en Miami.
“Una de las claves de los sucedido es que todo ha sido tan obsceno”, dijo Olson para referirse al enfado de la ciudadanía con sus gobernantes, cuando hace pocos años la posición general era de resignación. “El crimen organizado y las élites políticas no se diferencian entre ellas”.
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Contribuyó con esta historia el periodista de The Associated Press Alberto Arce.