El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes una multa sin precedentes de 35 millones de dólares contra General Motors por haber tomado por lo menos una década en revelar que los interruptores de encendido de ciertos automóviles pequeños estaban defectuosos, una falla que ha sido vinculada con por lo menos 13 muertes.
La multa es la máxima permitida por ley, pero es apenas una fracción de los 37.400 millones de dólares en ingresos que tuvo la automotriz en el primer trimestre.
Como parte del acuerdo anunciado el viernes por la Administración Nacional de Seguridad en las Carreteras (NHTSA, por sus siglas en inglés), GM también acordó reportar futuros problemas de seguridad más rápidamente.
La NHTSA ha estado investigando el retiro para revisión a taller —anunciado tardíamente por GM— para los vehículos con defectos en el encendido.
GM ha reconocido que el problema tiene al menos una década, pero lo hizo público apenas este año. La empresa dijo que al menos 13 personas fallecieron en accidentes vehiculares relacionados con el problema. Sin embargo, abogados en demandas contra la empresa dicen que fallecieron al menos 53.
Los interruptores de encendido de los autos Cobalt y Saturn de Chevrolet se movían de posición y apagaban el motor, lo que hacía que el vehículo desconectara la dirección hidráulica y los frenos, haciendo que los conductores perdieran el control. Esto también desactivaba las bolsas de aire de los vehículos.
En conferencia de prensa en Washington, el secretario de Transporte Anthony Foxx dijo que el gobierno no aceptará que una empresa no notifique a los reguladores sobre fallas de seguridad.
“Literalmente el silencio puede matar”, dijo. “GM no actuó y tampoco nos alertó a tiempo. Lo que hizo GM fue violar la ley”.
David Friedman, titular interino de la NHTSA, dijo que un reporte interno de 2009 de un proveedor de partes de GM claramente señaló que el problema del interruptor de encendido podía desactivar las bolsas de aire de los vehículos, lo que evidentemente era un problema de seguridad.
“Esta es información que General Motors tuvo de su proveedor y que la automotriz nunca compartió con nosotros”, declaró el funcionario.
La ley en Estados Unidos obliga a los fabricantes automovilísticos a reportar las fallas en seguridad en un plazo de cinco días después de descubrirlas.
En un comunicado por separado, Mary Barra, directora general de la empresa, dijo que el “objetivo principal de GM es crear un proceso ejemplar y producir los vehículos más seguros para nuestros clientes. Ellos no se merecen menos”.
Además de la agencia seguridad en carreteras, dos comisiones legislativas y el Departamento de Justicia están investigando a GM. El Departamento de Justicia podría aplicar un castigo mucho mayor y posiblemente cargos penales. A comienzos de este año obligó a Toyota a pagar 1.200 millones de dólares por no reportar a la NHTSA problemas de aceleración en algunos de sus vehículos.