En el Senado están pendientes de aprobarse dos ordenamientos fundamentales que son las leyes nacionales de ejecución penal y de justicia para adolescentes, señaló el Instituto Belisario Domínguez.
De acuerdo con un estudio de esa institución titulado “Pendientes de la justicia penal a 100 Días de vencer el plazo constitucional”, se destaca que para aprobar estas legislaciones se tiene hasta próximo 18 de junio.
Subraya que la cabal transformación de la justicia penal en México es uno de los grandes pendientes nacionales, cuya conclusión exitosa requiere del esfuerzo coordinado de los tres Poderes del Estado Mexicano.
Ambas leyes son fundamentales pero poco advertidas; además son sectores que requieren más atención del Congreso, a fin de dotar a los operadores del nuevo sistema de justicia penal, jueces, agentes del Ministerio Público, defensores de oficio, peritos, abogados litigantes y policías, de las normas jurídicas que les otorguen certeza y seguridad jurídica en su actuar.
La reglamentación de la ley secundaria en materia de ejecución penal debe atender un requerimiento nodal de la reforma, en lo relativo a la ejecución de la sentencia.
También permitirá que las personas privadas de su libertad por la comisión de un delito no se vean vulneradas por el abuso de autoridad, como ocurre en el actual régimen penitenciario.
El estudio indica que una de las principales temáticas que debe atender esta legislación es el establecimiento de las normas a seguir durante el internamiento por prisión preventiva.
Lo anterior debido a que buena parte de la población penitenciaria en México no ha sido juzgada y permanece en las cárceles sin sentencia, 51 por ciento por delitos del fuero federal y 39 por ciento por actos ilícitos del fuero común.
Detalla que la justicia para adolescentes es uno de los temas más complejos en relación con la reforma constitucional en materia penal y la urgencia de emitir la ley nacional se debe a la necesidad de contar con un marco actualizado y constitucional que regule el mismo proceso en toda la República y así evite contradicción en las leyes locales.
En 2014 casi 45 mil adolescentes eran investigados por delitos del fuero común a escala nacional; de este total, 72 por ciento bajo el sistema inquisitivo-mixto y 23 por ciento conforme al nuevo sistema acusatorio oral, de acuerdo con datos del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2015.
Es decir, siete de cada 10 casos de adolescentes en conflicto con la ley se atendieron bajo el antiguo sistema de justicia, lo que implica que a la mayoría de los jóvenes en México se les priva total o parcialmente de los beneficios de la reforma constitucional de 2008.
Además, y en consecuencia, de lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que el proceso penal será acusatorio y oral.
El estudio agrega que otras áreas poco atendidas son: la adecuación del amparo penal, la reforma policial, la incorporación de la jurisprudencia en la materia, la capacitación de la abogacía y la revisión del régimen de delincuencia organizada.