NUEVA YORK (AP) Ante las matanzas sucedidas en Estados Unidos del siglo XXI, uno pensaría que sobran las investigaciones sobre las causas de la violencia con armas de fuego y sobre las políticas que serían más eficaces para impedirla.
Pero estaría en un error.
Los intereses del sector de las armas, temerosos de que se imponga cualquier posible restricción sobre ellas, han cabildeado con eficacia para limitar los estudios y el financiamiento del gobierno a ese respecto, en tanto que las fuentes privadas no han cubierto esa faltante.
Así, continúa siendo mínima la financiación para emprender investigaciones básicas sobre la violencia con armas de fuego y compilar información: los recursos anuales son inferiores a los cinco millones de dólares para todos los proyectos de estudios sobre el tema.
Un donativo para un solo estudio en áreas como el autismo, el cáncer o el VIH puede alcanzar más del doble de esa cantidad.
Existen estudiantes de salud pública deseosos de mejorar su comprensión del incremento de las tasas de suicidios y homicidios en los que se utilizó un arma de fuego en muchas ciudades estadounidenses y de las matanzas colectivas como la ocurrida este mes en un colegio comunitario en Oregon, donde un solo agresor mató a nueve personas.
Sin embargo, muchos investigadores jóvenes se abstienen de sumarse a los que ya efectúan estudios. Algunos consideran que hay pocas esperanzas de que el Congreso haga algo importante para reducir la violencia relacionada con las armas de fuego, independientemente de las conclusiones de los científicos.
Además, la labor tiene una carga de tensión. Muchos de los que estudian la violencia con armas de fuego informan haber recibido correos electrónicos con contenidos furibundos y amenazas de muerte de personas que defienden la posesión sin restricciones de ese tipo de instrumentos.
Pero lo más importante, sencillamente no hay suficientes recursos económicos.
Gregory Tung es un científico joven e inteligente que se capacitó en la Universidad Johns Hopkins con algunos de los principales investigadores sobre violencia con armas de fuego en el país. Le fascina el tema, así como las numerosas preguntas sin respuesta sobre por qué aumenta y cómo prevenirla.
Sin embargo, Tung optó por no convertirse en un investigador de la violencia con armas de fuego.
“Desde un punto de vista de la conservación personal, pienso: ¿hay suficiente financiamiento para apoyar este tipo de trabajo? Y no lo hay”, dijo.
Los investigadores de salud en Estados Unidos comenzaron hace unos 30 años a examinar rigurosamente la violencia con armas de fuego, cuando las tasas de homicidios cometidos con ese tipo de instrumentos aumentaban a lo que describieron como proporciones epidémicas.
Durante 1986 y 1987, más de 66.000 estadounidenses murieron por heridas de bala, una cifra mayor que las bajas que las fuerzas de Estados Unidos tuvieron durante toda la Guerra de Vietnam.
Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) asumieron un papel de liderazgo para impulsar más investigaciones sobre la violencia.
Sin embargo, posteriormente su participación se redujo ante el intenso cabildeo de la National Rifle Association, una organización que defiende el derecho a poseer y portar armas, y de legisladores partidarios de ella.
Ante dicha reducción en el papel de los CDC, los investigadores de la violencia con armas de fuego han recurrido a otras fuentes de financiación. Pero no han conseguido muchos recursos.
El grupo de investigadores perdió fuerza debido a los recursos limitados y la falta de nuevos expertos interesados. En la última década, los recursos aumentaron en tan poca cantidad que el doctor Garen Wintemute, quien labora en la Universidad de California en Davis y es desde hace mucho tiempo líder nacional en estudios sobre la violencia con armas de fuego, gastó más de un millón de dólares de su propio bolsillo para mantener en marcha distintos proyectos de investigación sobre la violencia relacionada con las armas.
Y también hay que tener en cuenta la cuestión de las amenazas. Un mes después de la matanza en una escuela primaria de Newtown, Connecticut, en 2012, la Universidad Johns Hopkins celebró una reunión para examinar cómo reducir la violencia con armas de fuego en Estados Unidos. Tuvo amplia difusión y la transmitieron por internet y parte de ella por C-SPAN.
Daniel Webster, director del centro de investigación sobre armas en esa universidad, se preparaba para ponerse de pie y presentar sus conclusiones cuando echó un vistazo a su Blackberry y leyó un correo electrónico anónimo de contenido amenazante.
“Era muy específico sobre lo que pretendía hacerme. Subí al podio y literalmente estaba temblando”, recordó Webster. También había un correo de voz.