El gobierno catalán presentó este miércoles los alegatos contra la suspensión dictada el pasado lunes por el Tribunal Constitucional de España al asegurar que se debe atender a la presunción de legitimidad de las leyes y la ponderación de los intereses perjudicados con la suspensión.
El sábado pasado, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, firmó el decreto de convocatoria de consulta sobre independencia, a la que están llamados a votar unos 5.4 millones de catalanes, pero que el Gobierno de España rechaza al estar en desacuerdo con la medida.
El lunes el gobierno español presentó los recursos de impugnación al Tribunal, contra la consulta y la Ley de consulta local, que la instancia constitucional aceptó y con ello quedó suspendida automáticamente la convocatoria.
En su escrito, la Generalitat alegó que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Catalunya llaman a los poderes públicos a promover y facilitar las libertades ideológicas y de expresión, así como la participación política de los ciudadanos.
Asimismo, recalcó que las consultas populares son un instrumento normal para conocer la opinión ciudadana en las democracias liberales de su entorno. Diversas instancias europeas han recomendado reforzar las instituciones democráticas con mecanismos de participación directa, precisó el Departamento Jurídico del gobierno catalán.
Agregó que el levantamiento de la suspensión no produciría perjuicios ni daría lugar a situaciones consolidadas e irreversibles ya que la Ley no anuda carácter vinculante ni eficacia jurídica a los resultados de las consultas. La suspensión del Tribunal tiene un efecto de cinco meses en los que debe revisar la situación y confirmar si la mantiene o la retira.
Mientras, el gobierno catalán anunció que paraliza de forma temporal la organización de la consulta, que había iniciado el pasado domingo con una campaña institucional de llamado al voto, aunque su intención es continuar con el proceso.