León Valencia, director de la no gubernamental Fundación Paz y Reconciliación, dijo que el propósito de la organización guerrillera quedó de manifiesto en unas hojas o panfletos distribuidos entre habitantes de zonas del sur del país.
A ese material impreso tuvieron acceso investigadores de la Fundación en enero al visitar regiones del selvático y montañoso departamento de Putumayo, en el extremo sur sobre la frontera con Ecuador, dijo Valencia en entrevista telefónica.
El documento “Manual de Convivencia para el Buen Funcionamiento de las Comunidades”, fechado en julio del 2013, enumera 46 distintas reglas que deben seguir las comunidades, pero por primera vez no se menciona a un frente a unidad rebelde como la responsable de hacer cumplir esas normas, sino que se señala a la junta de acción comunal del pueblo, o una suerte de junta de vecinos y residentes, que es una instancia civil, explicó Valencia.
“Antes era directamente el frente guerrillero, o el grupo de ellos, ahora dicen *ustedes organícense*…(y) mencionan a la junta comunal”, indicó el director de la Fundación, dedicada al estudio del conflicto armado interno colombiano de casi 50 años.
Añadió que este giro demuestra el trabajo político rebelde para un eventual escenario post conflicto si culminan con éxito las negociaciones de paz que mantienen las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en Cuba desde fines del 2012.
“La diferencia de esta oportunidad en cómo actúan en campaña (electoral) a cómo actuaban en las otras oportunidades, que no era decisión de organizar a la comunidad ni nada, sino sabotear las elecciones y golpear las instituciones electorales y amenazar candidatos o matar candidatos e impedir que la gente fuera a votar….(ahora) lo que están diciendo es *señores tiene que organizarse*”, destacó Valencia.
En el documento, divulgado en la página web de la Fundación, se leen normas que van desde que los propietarios de perros lo deben tener amarrados en su propiedades “para evitar el malestar que puedan producir cuando están sueltos”, prohibir el uso de semillas transgénicas, hasta que los padres que tengan hijos en la policía, el ejército y otros organismos de seguridad del Estado deberán vender sus propiedades y “abandonar el área”, o que toda persona mayor de 15 años debe estar registrada en el “libro de socios” de la junta comunal y que quien no tenga una carta de recomendación de esa junta no será recibida por la asociación de otro poblado en caso de mudarse.
También se contemplan multas de un millón de pesos (unos 500 dólares) y la expulsión de la zona en caso de que moradores de un pueblo ingresen a la región personas “desconocidas, así estas sean familiares”. Valencia dijo que tal tipo de reglas, ya vistas en el pasado otros documentos de los rebeldes, revelan que las FARC siguen operando como una organización armada y que impone sus propios criterios.
El documento, que también fue encontrados por investigadores de la Fundación en otras regiones del país, no menciona directamente el tema de las elecciones legislativas, previstas para el próximo 9 de marzo, o las presidenciales de mayo, aunque insiste en la necesidad de que las comunidades se organicen, cuando en el pasado ni instaban a tal actividad y sí directamente a sabotear los comicios lo que a juicio del investigador marca su interés en una actividad política.
Para Valencia, tal tipo de instrucciones fueron recibidas por los distintos frentes rebeldes de parte del “secretariado” o la máxima comandancia de las FARC. Dos de los seis miembros del secretariado son parte de la delegación de negociadores de las FARC en La Habana.