El reporte del Comité sobre Pena de Muerte del Constitution Project, titulado Error Irreversible, agregó que los gobiernos deben dejar que el público sepa más sobre sus procedimientos para aplicar la pena de muerte.
El grupo de análisis, conformado por especialistas en derecho penal y que busca consensos bipartidistas sobre asuntos constitucionales, hizo 39 recomendaciones a las Cortes y a los responsables políticos para mejorar los procedimientos de aplicación de la pena capital.
Al mismo tiempo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa los procedimientos para ejecuciones federales y estatales, incluidos los fármacos que se utilizan, tras la ejecución fallida de un reo en Oklahoma la semana pasada.
El informe del Comité, previo al caso de Oklahoma, no se pronuncia sobre la vigencia de la pena de muerte, sino que se centra en sugerir formas de mejorar el sistema para su aplicación.
Sin modificaciones sustanciales, no sólo para la inyección letal, sino en todos los ámbitos, la administración de la pena capital en Estados Unidos es injusta, desproporcionada y muy probablemente inconstitucional, indicó en un comunicado el ex procurador general de Virginia, Mark Earley, miembro del comité.
Los problemas con las inyecciones letales son sólo una pequeña parte de los males que aquejan la administración del castigo capital en Estados Unidos, dijo el ex gobernador de Texas, Mark White, copresidente del comité.
Desde el momento de la detención hasta el momento de la muerte, el sistema de justicia penal enfrenta fuertes retos en la ejecución de la sanción final, dijo el demócrata White, que supervisó 19 ejecuciones durante su mandato en Texas.
Entre sus 39 conclusiones, el informe advierte que la ejecución de personas condenadas por homicidio puede violar la Octava Enmienda de la Constitución, que prohíbe el castigo cruel, inusual y excesivo.
Esto obedece a que en algunas entidades, un reo puede ser sentenciado a muerte por el delito de homicidio sin haber matado a nadie ni haber tenido la intención de hacerlo.
El estudio cuestiona la inclusión de homicidios accidentales y no intencionales entre los casos elegibles para ser ejecutados, mientras asesinos premeditados e intencionales pueden evitar la pena de muerte.
El reporte sugiere la mejora de los procedimientos de clemencia y un mejor acceso a la justicia para los acusados en espera de ejecución.
El informe también cuestiona la ejecución de personas que sufren de retraso mental, que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos prohibió en 2002.
De acuerdo con el reporte, algunas entidades tienen normas excesivamente estrictas para que una persona pueda ser declarada mentalmente discapacitada.
El informe recomienda elegir un solo fármaco para la inyección letal, a fin de asegurarse que se están utilizando los métodos más fiables científicamente para reducir al mínimo el dolor y el sufrimiento durante una ejecución.
Las entidades también deben hacer público el tipo de fármaco que se utiliza y en dónde fue elaborado. Actualmente, algunos estados no permiten identificar los fármacos que utilizan para las inyecciones letales.