Caracas, 10 Oct (Notimex).- La llamada Operación para la Liberación del Pueblo (OLP), utilizada por el gobierno venezolano, se convirtió en un mecanismo para perseguir a pobres y deportar colombianos, denunció la Asociación de Colombianos Residentes en Venezuela (ACRV).
Mediante esta estrategia se han allanado decenas de barrios populares que, según el gobierno, estaban controlados por bandas armadas y también se ha utilizado para la deportación masiva de colombianos, precisó Miguel Ríos, presidente de esta asociación.
En diálogo con Notimex, destacó que hasta ahora unas cuatro mil personas de nacionalidad colombiana han sido deportadas y unas 20 mil han dejado el país por voluntad propia, ante el temor de ser acusados de contrabandistas y bachaqueros (contrabandistas).
Sin embargo estos procedimientos no resuelven en absoluto el problema de la delincuencia y de la seguridad ciudadana, y a menudo son utilizados por algunos cuerpos policiales para criminalizar la pobreza y exigir dinero (mordidas) a los detenidos, dijo.
Dulce María Blanco, dirigente del Partido Socialcristiano Copei, explicó que la inmigración a Venezuela es un fenómeno que se vio favorecido por la bonanza petrolera del país, iniciada en los años 1950 y profundizada en la década de 1970.
Con altas y bajas, el país petrolero se convirtió en un sitio de prosperidad para millones de europeos y latinoamericanos, entre estos últimos la mayoría siempre fueron colombianos, los cuales ingresaron por los llamados caminos verdes.
Afirmó que esta oleada fue mayor en los años 1980 y 1990 cuando llegaron cientos de colombianos que huían de la violencia y buscaban una mejor situación económica. La llegada al poder del ex presidente Hugo Chávez favoreció aún más estos ingresos.
Ríos resaltó que la mayoría de los colombianos que fueron deportados recibieron cédulas de identidad venezolanas para que participaran en los distintos procesos electorales, pero a raíz del cierre fronterizo, estos documentos de nada valieron.
Tanto los que fueron expulsados antes, como quienes salieron después del cierre de la frontera, han denunciado que no se respetó el debido proceso y se violaron sus derechos humanos, hechos que ya fueron denunciados ante los organismos internacionales, aseguró.
Finalmente, Ríos enfatizó que los deportados no piensan volver a Venezuela y rechazan abiertamente la absurda petición del gobierno venezolano para que regresen al país, ya que no se prestarán a ser utilizados como comodines en la jornada electoral del próximo 6 de diciembre.