Las autoridades dicen que necesitan la protección legal para atrapar a los trasgresores en el acto. Los críticos, incluso expertos en tráfico de mujeres y otros policías, dicen que es innecesario y que podría aumentar la victimización de las trabajadoras sexuales, muchas de las cuales han sido obligadas a ejercer la actividad.
La policía no ha dicho con qué frecuencia usa esa exención, si la usa y cuando solicitaron a los legisladores que la preserven, dieron garantías de que hay políticas internas y procedimientos en vigencia para impedir que los agentes se aprovechen de ella.
Sin embargo, el experto Derek March dijo que la exención es, “anticuada, en el mejor de los casos” y que la policía puede funcionar sin ella. “No ayuda a la investigación y en el peor de los casos puede traumatizar más a alguien ¿Y piensan que ella va a volver a confiar en un policía nuevamente?”, preguntó Marsh, que entrena a policías en casos de tráfico humano y que ha atestiguado dos veces ante el Congreso sobre el tema.
Un proyecto en Hawái contra la prostitución fue redactado originalmente para eliminar esa exención para los policías en servicio. Fue enmendado para restablecer esa protección después del testimonio de policías. La propuesta revisada fue aprobada en la Cámara de Representantes estatal y el viernes pasaba a un comité del Senado.
No está inmediatamente en claro si hay disposiciones similares en otros sitios en forma de ley estatal o política departamental, pero quienes luchan contra el tráfico de mujeres se asombraron de que Hawái exceptúe a los policías de sus leyes de prostitución por considerarlo una invitación al abuso.
“El abuso policial es parte de la vida de la prostitución”, afirmó Melissa Farley, directora ejecutiva del grupo Investigación y Educación sobre la Prostitución, con sede en San Francisco. Farley dijo que en los sitios sin dicha protección policial, “las mujeres que han escapado a la prostitución” reportan habitualmente haber sido coercionadas a prestar favores sexuales a policías para evitar ser arrestadas.
El proyecto de Hawái busca aumentar las penalidades para los clientes y para los proxenetas. Durante recientes testimonios, la policía de Honolulú dijo que la exención protege las investigaciones y debería seguir vigente.