La justicia argentina desestimó hoy, por tercera vez, una denuncia del ahora fallecido fiscal argentino Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández, a quien acusó de pactar con Irán la impunidad de presuntos terroristas.
Con el fallo dado a conocer este lunes por el fiscal Javier de Luca, la acusación está a un paso de caer en el olvido, lo que representa un alivio para el gobierno, en un año electoral que comenzó con el escándalo internacional provocado por Nisman.
El pasado 14 de enero, el fiscal que durante 10 años encabezó la pesquisa del ataque contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de 1994 sorprendió a la opinión pública al denunciar que Fernández había negociado la impunidad de los iraníes señalados.
Nisman aseguró, en un documento de casi 300 páginas, que el Memorándum de Entendimiento que firmaron Argentina e Irán a principios de 2013 pretendía facilitar negociaciones para el intercambio de granos argentinos por petróleo iraní.
Según el fiscal, para poner en marcha esas relaciones comerciales, el gobierno argentino ofreció cesar las órdenes de captura internacional en contra de exfuncionarios de la República Islámica vinculados con el atentado, que dejó un saldo de 85 muertos.
El escándalo mutó en conmoción cuando, cuatro días después de haber presentado su denuncia, Nisman fue encontrado muerto de un tiro en la cabeza en el baño de su departamento, en un caso que aún no se ha podido determinar si fue suicidio o asesinato.
Con Nisman muerto, la denuncia fue retomada por el fiscal Gerardo Pollicita, pero el juez que quedó a cargo del caso, Daniel Rafecas, decidió no iniciar ninguna investigación al considerar que no había elementos para sustentar las acusaciones.
Pollicita insistió y apeló el fallo de Rafecas con el apoyo de otro fiscal, Germán Moldes, quien llevó el caso a la Cámara Federal, la cual volvió a rechazar, con dos votos contra uno, la posibilidad de comenzar una causa.
En su fallo, la Cámara fue especialmente crítica por la falta de seriedad con la que trabajó Nisman para armar un expediente contra la presidenta, el canciller Héctor Timerman, el diputado Andrés Larroque y otros dirigentes sociales, sin contar con las pruebas pertinentes.
La última opción que tenía Moldes era llegar a un tribunal superior, la Cámara de Casación, para de ahí pasar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el máximo órgano de justicia del país.
Sin embargo, Javier de Luca, fiscal de la Cámara de Casación que quedó a cargo de analizar la denuncia, coincidió con las instancias previas y consideró que no se debe iniciar investigación alguna en contra de la presidenta porque no hay fundamento de delito alguno.
De esta manera, la denuncia de Nisman quedará en la nada, en tanto que su muerte continúa rodeada de sospechas e intrigas políticas y familiares dignas de la mejor novela de suspenso.