El gobierno federal reconoce que a la nueva fuerza de policía rural, en el estado de Michoacán, le han dado uniformes y armas de largo alcance, y que la verificación de sus antecedentes ha sido mínima y que prácticamente carece de formación.
También el vocero autodefensa José Manuel Mireles y el liberado Hipólito Mora se integrarían al nuevo cuerpo policial.
El gobierno también dice que confió en las recomendaciones de los ex comandantes de los grupos de autodefensa sobre en quién delegar la autoridad, y que son las mismas personas que se levantaron para luchar contra el cartel de los Caballeros Templarios cuando ni las autoridades locales y ni las estatales lo hicieron.
Las dudas
La policía local mexicana ha sido tradicionalmente mal pagada y mal entrenada, lo que los ha hecho vulnerables a la corrupción. En Michoacán, la policía incluso fue considerada la infantería del cartel y cuando los grupos de autodefensa aparecieron, presuntamente sacaron del estado a muchos policías corruptos que estaban con ese cartel.
Analistas consultados temen que sin un proceso de verificación de antecedentes, los nuevos policías pronto se corromperán y se volverán en bandas criminales y que la violencia regresara a la región conocida como la Tierra Caliente.
Alejandro Hope, analista de seguridad, ha detectado problemas de reclutamiento, de formación inicial, recompensa, ascenso y de controles internos. No hay claridad sobre el presupuesto ni sobre el marco legal que regula la existencia de esta nueva policía.
Para Hope “hay algo de oportunidad perdida” y existe el riesgo de que “el movimiento se degrade poco a poco y que algunos grupos se vuelvan en expoliadores y criminales, se corrompan y puedan servir a grupos delictivos”.
La intención declarada del gobierno es la de traer la paz a una región donde las autodefensas habían creado una especie de Viejo Oeste, con asaltos a civiles armados desde barricadas construidas por ellas, en su lucha por el control de la rica zona agrícola contra el cartel de los Caballeros Templarios, una organización criminal de tinte pseudorreligioso.
En enero, el gobierno federal tomó el control de la situación e hizo un pacto con los grupos de autodefensa para que registraran sus armas. A los que quisieron, incluso, se les permitió unirse a la nueva fuerza de policía desde el pasado diez de mayo.
El representante del gobierno federal, Alfredo Castillo, ha reconocido que si en el pasado la ley no pudo impedir que quienes decían proteger a la sociedad de Michoacán abusaran de ella, ahora depende de los miembros de la nueva fuerza “que dentro de 15 meses no suceda lo mismo”.
Miles de agricultores y ganaderos formaron los grupos de autodefensas en febrero de 2013 para recuperar el territorio al que se hicieron los Caballeros Templarios, que en los últimos años se había transformado en una mafia que ganaba más de la extorsión de los campesinos y del robo de las minas de hierro, que del tráfico de drogas.
Las autodefensas lograron, en gran parte, la expulsión del cartel del estado de Michoacán, cuando las autoridades no pudieron hacerlo, pero se temía que los Caballeros Templarios y otras bandas de narcotraficantes habían logrado infiltrarse en esos grupos.
Los miembros de las autodefensas, identificados por sus camisetas blancas, han registrado más de 6.000 armas. El gobierno autorizó que podían quedarse con ellas, incluso con rifles de alto calibre que, bajo la ley mexicana, son de uso privativo de los militares. Pese a que han recibido la orden de desmovilizarse, algunos grupos de autodefensa dicen que van a continuar la defensa de su territorio incluso sin registrar sus armas.
Los residentes de algunas áreas dicen que las autodefensas utilizan las mismas tácticas de los carteles, como la extorsión.
“Para nosotros, por ahora las autodefensas siguen siendo mecanismos de extorsión de la comunidad”, dijo Octavio Villanueva, líder local en Aquila, una ciudad en el centro del conflicto entre las autodefensas y el cartel. Dice que antes eran los Caballeros Templarios los que les pidieron 56.000 dólares al mes para que gozaran de su protección y que ahora lo hacen las autodefensas.
Otros creen que la situación ha mejorado. Irineo Mendoza, del municipio de Aguililla, dice que la extorsión ha disminuido significativamente y ahora quien paga lo hace de manera voluntaria. “Las autodefensas también tienen que vivir de algo, dejan de trabajar y pierden mucho dinero, hay que mantener vehículos, alimentación y otras necesidades”, dice.
Entre tanto Castillo, comisario del Gobierno, continúa reclutando a las fuerzas de policía rural en la región de Tierra Caliente, donde las autodefensas primero nacieron.
La policía federal está ayudando con la formación de los 450 nuevos policías que se han apuntado hasta ahora. La fuerza aumentará a 1.100 en los próximos dos meses y reportarán al Departamento de Seguridad Pública del estado de Michoacán, de cuyos policías se sospecha que fueron vigías de los Caballeros Templarios. A cada policía rural se le pagará entre 620 a casi 700 dólares al mes.
Para el apunte
El historiador mexicano, Lorenzo Meyer, dice que sustituir este grupo armado con otro, huele a la estrategia gubernamental de larga data que consiste en cooptar al enemigo, en especial bajo el Partido Revolucionario Institucional, del que ahora pertenece Enrique Peña Nieto, que gobernó a México durante 71 años.
Es “una política deliberada: la de dividir a las autodefensas para cooptar a unos y neutralizar a otros”, dice Meyer. Así el PRI y Peña Nieto buscan “controlar más que resolver” el problema.