Unos 180 batallones del ejército colombiano están implicados en ejecuciones extrajudiciales, registradas desde que se aplicó la política de seguridad democrática en el gobierno del presidente Alvaro Uribe Vélez (2002-2010).
Esto fue revelado aquí en un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) denominado El rol de los altos mandos en falsos positivos: Evidencias de responsabilidad de generales y coroneles del ejército colombiano por ejecuciones de civiles.
Numerosos generales y coroneles sabían o deberían haber sabido sobre los casos de falsos positivos, e incluso podrían haberlos ordenado o facilitado activamente su comisión, advirtió el informe de la ONG internacional.
De acuerdo con la investigación de HRW, en los llamados falsos positivos, que no es otra cosa que ejecuciones extrajudiciales de civiles, están implicados altos oficiales activos y ex generales en situación de retiro.
Los falsos positivos representan uno de los episodios más nefastos de atrocidades masivas en el hemisferio occidental de los últimos años, y hay cada vez más evidencias de que altos oficiales del ejército serían responsables, sostuvo en el informe el director de la ONG, José Miguel Vivanco.
Advirtió que los oficiales del ejército que estaban al mando cuando sucedieron las ejecuciones han conseguido eludir la acción de la justicia e incluso han ascendido a los niveles más altos del mando militar, incluidos los actuales comandantes del Ejército Nacional y de las Fuerzas Militares.
El documento subrayó que al menos 44 presuntas ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de un grupo de soldados que estaban adscritos a la IV Brigada del Ejército, en la ciudad de Medellín, que estuvo al mando del general retirado, Mario Montoya.
En el informe también se reseñan otros 140 casos de ejecuciones extrajudiciales o Falsos Positivos, por militares adscritos a la IV Brigada, bajo el mando de los ex comandantes, Oscar González Peña y Juan Pablo Rodríguez.